Más de la mitad de las personas que trabajan en México lo hacen sin seguridad, sin contrato y sin futuro previsible. La informalidad alcanza al 55% de la población ocupada, y golpea con mayor fuerza a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad: mujeres, personas indígenas, trabajadoras del hogar, personas refugiadas y jóvenes.

El trabajo digno no es un privilegio, es un derecho humano fundamental que permite a las personas vivir con estabilidad, acceder a servicios de salud, descansar, crecer y construir un futuro libre de explotación.

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